De la Constitución de la República Dominicana
a la Seguridad Vial

Ing. Mario Holguín Presidente FundaReD Rep. Dominicana Julio/2010

La Constitución de la República Dominicana luego de un período de discusión con los diversos sectores de la vida nacional, fue aprobada por la Asamblea Nacional Legislativa; posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo y proclamada el 26 de enero de 2010.

Los artículos de la Constitución que de alguna manera tienen vínculo con la Seguridad Vial en nuestro país han sido ponderados por un grupo de profesionales del derecho con el objetivo  de motivar a los legisladores y a los sectores de poder político a mirar hacia ese tema tan crucial como lo es la seguridad de los usuarios de las vías.

En tanto que la Seguridad Vial mundial fue declarada en crisis por las Naciones Unidas hace unos años, ahora se encaminan los aprestos para su mejoría mediante la Declaración de la Década de Acción (2011-2020), sin perder de vista que es la segunda causa de muerte en personas de 5 a 29 años de edad y la tercera entre 30 y 44 años, para considerarse un problema fundamental de salud.

La República Dominicana se incluye en el listado de mayor tasa de mortalidad por siniestros viales por cada 100,000 habitantes en Iberoamérica, razón por la cual debiera ser un tema de Estado.

La Seguridad Vial es consustancial al tránsito y el transporte terrestre; no obstante al desarrollo y aplicación de políticas sobre la preservación de la vida, la salud y los bienes de los usuarios de la red viaria, cuyos actores de riesgos multicausales proponen soluciones multisectoriales bien identificadas, que obligan la participación de los diversos organismos Estatales, incluyendo a los Legisladores y el Poder Judicial; los partidos políticos, la sociedad civil, el sector privado, las Organizaciones No Gubernamentales; las Iglesias, los Gobiernos Municipales, las comunidades, los Organismos Multilaterales, los Medios de Comunicación de Masas, etc., ninguno escapa de esta elevada responsabilidad.

Por otro lado, consideramos que los altos índices de siniestralidad que experimenta la Nación Dominicana, solo es posible combatirlos si existe voluntad política para diseñar políticas públicas que permitan ejecutar un plan estratégico nacional e integral eficiente y eficaz vinculado a la agenda de desarrollo como proyecto de nación.

Los países que muestran ejemplos de buenas prácticas de políticas de Seguridad Vial despliegan esfuerzos por establecer un sistema de gestión interinstitucional mediante un órgano rector único, con autoridad y financiamiento. Esquema que se propone se aplique en nuestro país.

Por demás, comprendemos que con este tema debe propiciarse un vínculo con la agenda económica del país por los altos costos que genera la inseguridad viaria en perjuicio de la población y el desarrollo de las comunidades, acarreando de por sí, mayor pobreza a los dominicanos al afectar los diferentes ejes críticos, tales como salud, educación, medio ambiente, energía, infraestructura vial, sistema de autoridad; garantías y aplicación de las leyes, garantías de los servicios públicos, seguridad ciudadana, protección a los usuarios vulnerables de las vías; ordenamiento territorial, presupuesto nacional, canales de comercialización internos, transparencia, tecnología de la información y la comunicación (TIC), la investigación desarrollo y la innovación (I+D+i), etc., que son asuntos tratados y regulados en nuestra Constitución.

 

 

Red de Seguridad Vial

Fundación Red de la Dignidad  - FundaReD -