Fundación Red de la Dignidad y la Red de Seguridad Vial
La Seguridad Vial
Iberoamérica, tras un nuevo modelo en Seguridad Vial
Ing. Mario Holguín
Viceministro de Obras Públicas,
Rep. Dominicana
Presidente Ejecutivo de la Fundación Red de la Dignidad
Director del Programa Red de Seguridad Vial.
Agosto 18, 2010
En innúmeras ocasiones lo hemos expresado y en diversos escenarios: no se avizora señales de éxitos en la lucha contra los accidentes de tránsito y sus funestas secuelas si no hay voluntad política, conciencia social y obsesión en la aplicación de los planes, programas y medidas.
En lo que a voluntad política se refiere, tengo la profunda convicción de que si no se involucran los diversos actores que conforman el Estado, se fracasa en cualquier intento por mejorar la seguridad vial en nuestros países de la región.
Iberoamericana tiene un reto ineludible con la seguridad vial, en tener que rebasar los límites negativos de los indicadores que nos muestran como países en desarrollo.
España y Portugal son de los pocos ejemplos fehacientes de aplicación de buenas prácticas de políticas públicas sobre seguridad en las vías, de cuyas experiencias debemos hacer nuestro propio destino.
Las estadísticas de siniestralidad de los últimos años demuestran que con ligeras excepciones aun no existe un alto grado de conciencia en las autoridades responsables de la materia, porque se empeñan en emprender iniciativas aisladas e individuales, sin responder a un plan estratégico e integral, y mucho menos, sin obedecer a los datos de un observatorio creíble, confiable y científico.
A propósito de este plan el mismo debe obedecer a objetivos orientados a elevar la conciencia humana de los usuarios de la red viaria, al fortalecimiento de la educación vial de estos y a la integración a estas causas de los diferentes sectores de la sociedad.
Todo plan estratégico debe ser parte de la agenda de desarrollo de nuestras naciones para que los gobiernos independientemente de los partidos respeten la continuidad en las ejecutorias, pues los partidos deben ser compromisarios de las estipulaciones contempladas en el plan durante su elaboración, al igual que las iglesias, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado.
Asimismo, los ejecutores del plan deben estar revestidos de una autoridad especial, con los recursos técnicos, materiales y financieros para también proponer los modelos de políticas públicas a aplicarse sin la interposición de otras instancias de poder.
Pero además, fomentar disposiciones legislativas que deben encaminarse para garantizar la eficacia y eficiencia del plan durante su implementación, lo cual debe incluir la supervisión permanente del mismo mediante la instauración de una comisión para tales fines.
Por otro lado, se identifica la educación vial como un elemento crucial del problema. Ello es así porque los análisis de los siniestros revelan que el factor humano es responsable en más de un 80% de las causas de los denominados accidentes de tránsito entre comillas, en gran medida, por carecerse de educación. Los restantes porcentajes, por falla del vehículo o de la vía, en definitiva siniestros producidos por el hombre que es quien diseña y construye.
En ese sentido, nosotros proponemos que este tipo de formación sea obligatoria en las escuelas desde los cursos básicos por iniciativa legislativa; aun más, se lleve la seguridad vial como materia complementaria en las carreras de ingeniería y arquitectura, ya que una gran cuota de culpabilidad es la falta de infraestructuras viales humanizadas y seguras.
La implantación de parques viales seria una herramienta importante a considerar los gobiernos municipales conjuntamente con otros ministerios basándose en una buena gestión interinstitucional, por donde pasarían los estudiantes a adiestrarse en la conducción de vehículos y los agentes de tráfico escolares, convirtiéndose también en un centro de formación de formadores.
Parecería complejo el modelo que presentamos, pero es así de complejo el problema desde el punto de vista de las causas y consecuencias que lo convierte en un asunto social de repercusión de Estado.
Los resultados sin lugar a dudas es para arrojarlos a largo plazo, de ahí que lo que se propone es crear una nueva generación de usuarios de las vías públicas representada por conductores más respetuosos de la vida; peatones más cuidadosos; pasajeros más conocedores de sus derechos; todos aprendiendo a convivir con autoridades más exigentes, vigilantes, serios y transparentes; bajo leyes más drásticas y duras y escuelas de conductores más responsables y capacitadas.
El importante e interesante papel que juegan las autoescuelas deberá evaluarse desde el punto de vista técnico-educativo como desde el punto de vista social.
En otro sentido, cabe preguntar con insistencia ¿Por qué adoptar una nueva aptitud colectiva de los gobiernos frente a la problemática?
Porque 130,000 vidas al año que se pierden en las carreteras latinoamericanas así lo reclaman. Las centenares de miles de personas lesionadas, también lo reclaman; las familias afectadas directa e indirectamente; las comunidades, que dejan de recibir las debidas atenciones de sus demandas porque los recursos se van en salud pública en los accidentados por falta de planes. Lo reclaman cinco millones de vidas que pudieran salvarse en los próximos diez años si abrazamos el plan de la Década de Acción a partir del 2011.
La atención a tiempo y adecuada a las víctimas es otro tema vinculante a la seguridad vial que deberá tratarse con amplitud y responsabilidad en otro momento; sin embargo, creo pertinente señalar que hoy día existe una corriente mundial en que el tema de las víctimas es de capital importancia para hacer conciencia social que conlleve a la disminución de los índices de siniestralidad.
Por último, quisiera resaltar el hecho de que los países que presentan ciertos logros contra el flagelo de la violencia vial son porque un organismo rector de manera obsesiva realiza su trabajo comprendiendo su verdadero rol en la sociedad.
